Bajo el título “Vivienda en Baleares: Actualidad y Perspectivas», se celebró en el Col·legi d’Advocats de Palma un intenso debate sobre la grave problemática del acceso a la vivienda en las Islas Baleares. En un evento moderado por Hans Lenz, presidente de la Asociación Balear Inmobiliaria Nacional e Internacional (ABINI), el director general de Vivienda y Arquitectura, varios expertos y altos cargos del sector expusieron sus puntos de vista y propusieron posibles soluciones para aliviar la crisis habitacional que afecta al archipiélago.

El debate comenzó con un mensaje esperanzador por parte de Lenz: “Es muy duro ver entre cinco y ocho noticias diarias sobre el drama de la vivienda en Baleares, hoy queremos dar claridad y un poco de esperanza sobre este tema”. Con estas palabras, abrió la mesa de discusión ante un público diverso e interesado por esta problemática que vive el archipiélago.

José Francisco Reynés, director general de Vivienda y Arquitectura del Govern, expuso las principales problemáticas que agravan la crisis habitacional en la región: el impacto del turismo, los elevados costos de producción y la gentrificación. Asimismo, Reynés presentó un minucioso análisis y los planes del Govern para mitigar esta situación, que incluyen un plan de choque y la construcción de aproximadamente 7.000 nuevas viviendas en una primera fase.

Por su parte, Luis Alfonso de León, presidente del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Mallorca (COAATMCA), subrayó la imposibilidad actual de acceder a una vivienda, tanto en propiedad como en alquiler. “Un 57% de los trabajadores en España cobran menos de 1.000 euros. Una persona tiene que destinar un 35% de su sueldo al alquiler. ¿Qué podemos alquilar en Mallorca por 350 euros?”, expresó De León, evidenciando el desajuste entre los ingresos de los ciudadanos y los precios del mercado.

Hans Lenz también aportó su perspectiva, destacando que “la vivienda es el problema número uno de las Islas”, y abogó por soluciones reales más allá del «ruido mediático». Propuso la creación de ayudas para que los jóvenes puedan ahorrar, acceder a la tenencia de un hogar propio y, eventualmente, adquirir propiedades más grandes en el futuro. Lenz, además, destacó la política de vivienda que está llevando el Govern en materia de alquiler, “dar garantía a los propietarios con la fórmula del alquiler seguro, que sepan que van a cobrar y además que el inquilino tenga una rebaja en el precio del alquiler no es la receta única pero va a aliviar la tensión”.

El debate se intensificó cuando De León planteó la posibilidad de construir en suelo rústico como una opción para aumentar la oferta de viviendas. Sin embargo, Bernat Nadal, Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de las Islas Baleares (COAIB), rechazó de manera contundente esta idea, afirmando: “No debemos consumir más suelo rústico, este es un debate que se tiene que superar”. Nadal añadió que se requiere paciencia para resolver el problema habitacional, ya que estima que se necesitarán más de 20 años para superarlo.

El debate concluyó con una intervención crítica de Luis Martín, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Baleares (PROINBA), quien acusó a los políticos de no haber actuado con la suficiente diligencia en los últimos 15 años para solucionar la crisis de la vivienda.

Este debate, en el que todos los participantes hicieron un llamamiento a las autoridades para desvincular la vivienda de cualquier ideología política, pone de manifiesto la urgencia de encontrar soluciones viables para el acceso a la vivienda en Baleares, una cuestión que afecta de manera profunda a la vida de sus residentes y que demanda la colaboración de todos los actores implicados.

La reciente creación de una comisión entre el Gobierno Central y el Govern Balear para abordar las discrepancias sobre la regulación de los agentes inmobiliarios (APIs) contenida en la Ley 3/2024 de medidas urgentes en materia de vivienda, impulsada y aprobada por el Parlament de las Islas Baleares, abre un nuevo capítulo en la difícil y a menudo frustrante relación entre administraciones. A raíz de la postura del Gobierno de Pedro Sánchez, que cuestiona algunos aspectos clave de esta normativa, surge una oportunidad para debatir y, esperemos, llegar a acuerdos que sirvan para proteger a los consumidores y fomentar la transparencia en un sector tan crucial como el inmobiliario.

El cuestionamiento del Gobierno Central tiene que ver, principalmente, con el carácter obligatorio del Registro de Agentes Inmobiliarios. Este registro fue concebido como una herramienta esencial para garantizar que aquellos que ejercen la intermediación inmobiliaria lo hagan bajo un marco de transparencia y profesionalismo. La exigencia de estar registrado no debería interpretarse como una restricción al ejercicio de la actividad, sino como una medida de protección tanto para los consumidores como para los propios agentes.

De hecho, el objetivo de esta regulación no es limitar la entrada de profesionales al mercado, sino asegurar que aquellos que actúan en él lo hagan con los conocimientos y la formación adecuados. Como se establece en la ley, los agentes inmobiliarios deben cumplir con una serie de requisitos de capacitación que les permitan ofrecer un servicio que garantice la seguridad jurídica en las transacciones, la correcta información sobre los inmuebles y, sobre todo, la protección del consumidor. En un mercado inmobiliario tan complejo como el balear, donde el acceso a la vivienda es uno de los grandes retos de nuestra sociedad, la regulación y profesionalización de los intermediarios resulta más necesaria que nunca.

Es importante recordar que esta regulación fue el resultado de un consenso entre el PP y el PSIB-PSOE, pactada durante la fase de enmiendas de la tramitación de la ley en el Parlament. El hecho de que haya sido impulsada por ambos partidos demuestra que no estamos hablando de una propuesta partidista o ideológica, sino de una medida de interés general que busca mejorar la calidad del mercado inmobiliario en Baleares. La creación del registro, por tanto, no es una mera formalidad burocrática, sino una respuesta a la necesidad de incrementar la transparencia y la seguridad en un sector que maneja grandes volúmenes de dinero y afecta directamente a la vida de los ciudadanos.

El cuestionamiento del Gobierno de Sánchez sobre si este registro es compatible con la ley estatal es, cuanto menos, preocupante. La intermediación inmobiliaria responde a un interés general que afecta tanto a la seguridad pública como a la protección de los consumidores. El mercado inmobiliario de las Islas Baleares tiene características únicas, y no todas las normativas nacionales responden a las particularidades de nuestras islas. Es esencial que la comisión creada entre ambas administraciones tenga en cuenta estas especificidades y no retrase la implementación de una normativa que ya ha sido debatida, negociada y aprobada.

Un retraso prolongado en la aplicación de estas medidas podría tener graves consecuencias. Estamos hablando de una posible paralización de inversiones en el sector, un golpe que las islas no pueden permitirse. No podemos olvidar que el acceso a la vivienda es uno de los problemas más acuciantes de nuestra comunidad, y cualquier medida que contribuya a destensar el mercado, proteger a los consumidores y garantizar un entorno más seguro para las transacciones debe ser implementada con la mayor celeridad posible.

Desde ABINI, confiamos en que el Govern y el Gobierno Central llegarán a un acuerdo que permita avanzar en la regulación del sector inmobiliario. Es necesario que la Comisión Bilateral sea ágil y eficaz en sus negociaciones para no perjudicar ni a los consumidores ni a los agentes inmobiliarios. La incertidumbre no es una opción. Es vital que las medidas necesarias se pongan en marcha cuanto antes para que el mercado pueda seguir funcionando de manera óptima y los ciudadanos de Baleares tengan acceso a un mercado inmobiliario más seguro, transparente y justo.

La reciente aprobación de la Ley que regula la actividad de los agentes inmobiliarios en las Islas Baleares marca un hito significativo en el sector inmobiliario local. Esta normativa, diseñada para fomentar la transparencia y proteger a los consumidores, establece un marco claro y robusto para las operaciones inmobiliarias, aplicable a todas las personas físicas y jurídicas dedicadas a la intermediación de inmuebles en el archipiélago.

Un aspecto destacable de esta Ley es la creación de un Registro Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de las Islas Baleares (ROOAIB), al cual es obligatorio inscribirse para poder ejercer como agente inmobiliario. Esta medida busca ordenar el sector y proporcionar una garantía adicional a los consumidores, quienes podrán verificar fácilmente la legitimidad de los agentes con los que tratan.

La Ley, aprobada por el gobierno de Marga Prohens y elaborada con la colaboración del pasado Govern, detalla de manera precisa los derechos y deberes de los consumidores y de los agentes inmobiliarios. Además, ha recibido el mayor consenso profesional y político posible. Entre los derechos de los consumidores, se incluye la obligación de los agentes de proporcionar información completa y veraz sobre los inmuebles, acompañarlos en la obtención de información técnica adicional y garantizar la devolución de los depósitos. Esta normativa exige a los agentes actuar conforme a un código de conducta riguroso y cumplir con la legislación vigente, asegurando así un trato justo y transparente en todas las transacciones.

Por otro lado, los agentes inmobiliarios también tienen derechos que los protegen y les permiten operar de manera segura y profesional. Entre estos derechos, se encuentra la posibilidad de resolver conflictos con los consumidores a través de la mediación y el arbitraje de consumo, lo que promueve una resolución de disputas eficiente y amigable.

Para inscribirse en el ROOAIB los agentes deben cumplir con varios requisitos, incluyendo la posesión de un establecimiento abierto al público en Baleares. En caso de agentes que presten servicios por vía telemática contar con una dirección postal accesible en Baleares, contar con las licencias y permisos necesarios y demostrar un compromiso con un código de conducta. Se requiere un nivel de cualificación profesional significativo: un título universitario, 200 horas de formación específica o cuatro años de experiencia en el sector. La normativa excluye a aquellos con antecedentes penales, reforzando así la integridad y profesionalismo.

La obligatoriedad de seguros de responsabilidad civil y de caución, con coberturas mínimas de 100.000 y 60.000€ anuales respectivamente, añade otra capa de protección para los consumidores, asegurando que los agentes inmobiliarios están preparados para hacer frente a cualquier contingencia.

La Ley exige que los agentes inmobiliarios exhiban visiblemente su inscripción en el registro y publiquen su número de registro en todas sus comunicaciones. Esta transparencia facilita a los consumidores la identificación de agentes legítimos y evita prácticas fraudulentas. Además, los agentes deben informar sobre normativas específicas y disponer de un teléfono y correo electrónico de atención al cliente, facilitando la presentación de quejas y reclamaciones.

La implementación de esta regulación es un paso positivo para el mercado inmobiliario en Baleares. Establecer estándares claros y estrictos para los agentes inmobiliarios eleva la calidad del servicio y protege a los consumidores contra prácticas desleales. Esta normativa beneficia a compradores y vendedores de inmuebles y fortalece la reputación del sector inmobiliario en Baleares, dando seguridad jurídica a las inversiones y promoviendo un mercado más dinámico y confiable.

Como presidente de ABINI, la alianza de inmobiliarias de las Islas Baleares, me produce una doble satisfacción esta aprobación. Primero, porque es una medida necesaria que aporta claridad, seguridad y profesionalismo al sector. Y, segundo, porque fue uno de los motivos por los que creamos ABINI en 2020, porque queríamos acabar con la desprotección e inseguridad que ha producido el intrusismo salvaje durante la última década.

Han pasado cuatro años desde entonces y hoy, y gracias a nuestro trabajo junto con la Administración, el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares y todos los representantes del sector inmobiliario balear, los consumidores pueden confiar en que están tratando con agentes debidamente registrados y cualificados, mientras que los agentes nos beneficiamos de un marco regulatorio que nos permite operar de manera justa y eficiente. La vivienda es el mayor reto al que se enfrenta la sociedad balear. Un mercado de agentes inmobiliarios profesionales y cohesionados será una importante pieza en la solución que requieren los residentes en las Islas.

Desde la Asociación Balear de Inmobiliarias Nacionales e Internacionales (ABINI) queremos expresar nuestro total respeto y solidaridad con la manifestación celebrada esta tarde en Palma que resalta dos de los problemas más acuciantes que enfrentan las Islas Baleares: la insostenible presión del turismo masivo y la inaccesibilidad de la vivienda. Baleares no puede soportar la llegada de 20 millones de turistas anuales, y es inaceptable que se necesiten 18 años de sueldo para adquirir una vivienda digna.

Reconocemos que hay mucho trabajo por delante, pero el esfuerzo conjunto de todos los sectores es más necesario que nunca para encontrar soluciones sostenibles y justas para la comunidad balear.

El Govern de les Illes Balears ha anunciado su compromiso de poner en marcha el programa Alquiler seguro para poner en el mercado viviendas actualmente vacías. Esta iniciativa, dirigida a abordar la escasez de vivienda en Balears, tiene como objetivo principal facilitar el acceso a la vivienda para aquellos ciudadanos que lo necesitan.

Desde ABINI queremos mostrar nuestra satisfacción por esta medida que se suma a otras impulsadas recientemente por la Conselleria de Vivienda como la Ley 3/2024, de 3 de mayo, de medidas urgentes en materia de vivienda y que tienen por objeto reducir la grave problemática de vivienda que sufrimos en Baleares. Desde el sector inmobiliario se ha alertado que la contracción de oferta provocada por el miedo que genera la okupación ilegal y los efectos de la Ley de Vivienda aprobada en vísperas de las elecciones elecciones autonómicas y municipales de 28 de mayo de 2023, son totalmente contraproducentes. Medidas como la creación del alquiler seguro y la creación de la vivienda a precio limitado (HPL) abaratará el coste de alquiler tanto a jóvenes como a familias de residentes en la Illes Baleares.

Es muy importante resaltar que todas estas medidas tienen como único beneficiario a la sociedad Balear y pone el enfoque en su primera residencia. Las ventajas son exclusivas para las personas que residen en las islas y no se podrá en ningún caso utilizar estas viviendas como segunda residencia o dedicar las mismas a alquiler vacacional.

Además, como el abono del alquiler a los propietarios se realizará a través de las agencias inmobiliarias, o a través de los administradores de fincas, se pone en relieve la importancia que le da este gobierno a la figura del agente inmobiliario. “Con esta medida se pone en evidencia, una vez más, la importancia que tenía la regulación del sector inmobiliario y que acaba de ver la luz recientemente. Ahora el trabajo está en que todos los que nos dedicamos a la intermediación cumplamos los requisitos que marca la nueva ley autonómica”, ha declarado el presidente de ABINI, Hans Lenz.

Mediante este programa, el Govern actuará como intermediario entre los propietarios de viviendas vacías y los potenciales inquilinos, gestionando el proceso de alquiler de manera eficiente y transparente. Además, ofrecerá asesoramiento y apoyo tanto a propietarios como a inquilinos para garantizar que se cumplan los derechos y obligaciones de ambas partes. Que el propietario sepa que va a cobrar el alquiler y que reciba garantías sobre la devolución del inmueble, dentro de plazo estipulado, en las mismas condiciones como se entregó, es fundamental para que salga al mercado las miles de viviendas vacías que tenemos en Illes Balears. Que estas viviendas se dediquen exclusivamente a residentes para su vivienda habitual es un acierto total.

Este compromiso del Govern refleja su voluntad de abordar el problema de la vivienda y de promover un mercado de alquiler más justo y equitativo. “El derecho constitucional a tener una vivienda digna no puede recaer únicamente en el sector privado. Las acciones alejadas de las reglas económicas más básicas y las intervenciones agresivas sobre la propiedad privada han demostrado que suelen tener el efecto contrario al anunciado. Esperamos que este cambio de actitud pronto se haga notable por los residentes en las Illes Balears, los cuales se merecen medidas de vivienda reales y efectivas.”